Hoy me siento obligado a expresar mi condena por la privación de la libertad de la que han sido objeto una treintena de alcaldes y funcionarios públicos del estado de Michoacán, casi todos (si no es que todos) de filiación perredista, partido con el que NO simpatizo.

Es totalmente inadmisible que las autoridades tengan detenida a cualquier persona si no cuentan con pruebas para consignarlo ante un juez. Es vergonzoso que en este país contemos con leyes que permiten el “arraigo” de personas, que no es otra cosa que el privar de su libertad a personas para poder encontrar pruebas en su contra. Es condenable que una autoridad detenga, como lo ha hecho en este caso, a servidores públicos, incluyendo varios de elección popular sin contar con elementos para consiganrlos ante un juez.

Cuando supe de la detención de estos 30 funcionarios sentí alegría, pues supuse que se trataba de un serio golpe al crimen organizado, pero hoy no puedo dejar de pensar que se trata una injusticia con motivaciones políticas.

La detención de alcaldes y funcionarios en Michoacán es injusta, no porque sean necesariamente inocentes de los cargos que se les imputan, sino porque las autoridades no cuentan con elementos para demostrar lo contrario.