Desde hace varios meses venía tomando el medicamento Acomplia (Rimonabant) como parte de la terapia que mi médico propuso para combatir el problema de obesidad que padezco.   Antes de recetarme el medicamento, ordenó  que se me realizaran diversos estudios de laboratorio y determinó en función de  los resultados, mi historia clínica y la de mis padres que  el tomar Acomplia era adecuado para mí.  Me fueron explicados los riesgos y efectos secundarios, y estuvimos de acuerdo que el beneficio esperado superaba  los riesgos. 

A lo largo del tratamiento asistí a consultas de seguimiento con mi médico y recibí atención de parte del laboratorio fabricante, que periódicamente me llamaba para estar al tanto de mi evolución así cómo para ofrecerme asesoría y consejo.  Los resultados obtenidos hasta ahora habían sido sumamente satisfactorios.

Para mi infortunio, el tratamiento que originalmente había estado previsto que durara un año tendrá que verse interrumpido  pues el pasado 23 de octubre la COFEPRIS decidió suspender temporalmente la comercialización de dicho medicamento.  Así  que como paciente yo no tendré acceso al tratamiento que el médico me había recomendado y que yo había aceptado seguir.  El gobierno ha impuesto su decisión sobre la del médico y el paciente. 

Esta situación me molesta muchísimo.  No me parece correcto en lo absoluto que esté en manos de los gobiernos decidir qué medicamentos pueden o no llegar al mercado.  Creo que esta decisión es  una que debería competer exclusivamente a médicos, pacientes y laboratorios.

Puede pensarse, ingenuamente a mi parecer, que es función propia del gobierno “protegernos” mediante la prohibición de  la comercialización de los medicamentos que juzgue peligrosos.  Digo que ingenuamente, porque hace falta ingenuidad para creer que los burócratas que decidirán si un fármaco pueda o no llegar al mercado no puedan ser objeto de engaño, presión, extorsión o soborno.  Que esos funcionarios sean en realidad ángeles infalibles que solamente pueden tener presente, al momento de tomar una decisión nuestro bienestar y no sus propios intereses.

Por lo que sé, a pesar de las buenas intenciones del gobierno se han s aprobados medicamentos que más tarde resultaron nocivos para la salud, y su intervención no ha impedido que se comercialicen, mediante argucias legales todo tipo de productos que prometen curar males de toda índole sin el menor respaldo científico de su efectividad o inocuidad.

La intervención del gobierno en el mercado, lejos de protegernos, puede terminar constando vidas al impedir que lleguen al mercado productos que los pacientes requieren y desalentando, por los altos costos que atender la reglamentación supone, el desarrollo de nuevos medicamentos. Yo tengo la suerte de que existen diversas alternativas de tratamiento para mí distintas a la que acaba de prohibir el gobierno.  Sin embargo, no todos los pacientes son igualmente afortunados y posiblemente en este mismo instante haya alguien que pudiera mejorar su vida, o incluso salvarla si tuviera acceso a un medicamento que no ha recibido el visto bueno del gobierno.

A continuación un video en el que el profesor en economía Daniel Klein abordó el tema hace algunos días sobre el tema. 


Lamento también esta prohibición también porque podría dar lugar al surgimiento de un mercado negro de este producto, a la aparición de producto falso y a que diversas personas intenten tratamientos aún más peligrosos a falta de este.

Me molesta saber que el gobierno ha prohibido la venta de un producto que puede mejorar la calidad de mi vida y que ni mi médico ni yo tenemos la capacidad de decidir si vale la pena correr los riesgos que su uso supone.  Especialmente cuando sé que el riesgo que tengo de morir o sufrir daños graves a mi salud por tomar ese medicamento son sumamente bajos, sobre todo si se les compara con los de morir en un accidente automovilístico en el que estuviera involucrado un individuo que hubiera recibido del gobierno una licencia para conducir.